Personas desesperadas porque se incendiaron sus precarias casillas de cartón. Vecinos indignados por la proliferación de construcciones de torres que debilitan los cimientos de las casas anexas y hacen colapsar los servicios públicos. Hombres y mujeres expulsados de su vida rural por el avance de la frontera agrícola. Terrenos y casas tomadas por familias enteras. Dudas, confusión y desasosiego de los clientes en los bancos que publicitan créditos para acceder al sueño de la vivienda propia. Desazón en la búsqueda de casas ante el incremento de los alquileres. Sólo una escueta radiografía de imágenes que aparecen a diario en los medios y que, reunidas, nos permiten contextualizar una realidad que por donde se la mire nos interpela sobre la violación de un derecho humano: el derecho a la vivienda.


Periodismo Social inicia hoy una serie de notas que a lo largo del año hará visible el trabajo de organizaciones sociales que trabajan para que las personas puedan "disponer de un lugar donde poder abrigarse si se desea, espacio, seguridad, iluminación y ventilación adecuadas, infraestructura básica y una situación adecuada en relación con el trabajo y los servicios básicos, todo ello a un costo razonable", según la afirmación de Naciones Unidas. El derecho a la vivienda, ha dicho la ONU, "se debe garantizar a todos, sean cuales fueren sus ingresos y/o su acceso a
recursos económicos".

La serie se inicia con un reportaje Sebastián Tedeschi, un argentino que desde Porto Alegre en Brasil, ejerce como Coordinador para América del Centro por el Derecho a la Vivienda contra Desalojos (COHRE), una organización no gubernamental internacional. Con Tedeschi se profundiza la temática de la ciudad. Propone una reforma urbana en Argentina, explica cómo puede hacerse y por qué es necesaria. Los desalojos. "No puede ser que el mejor negocio en Argentina sea la construcción o el alquiler de vivienda cuando estamos en un tremendo déficit habitacional. El mejor negocio es uno de los principales problemas", afirma. Además asegura que "el gobierno le da mucho más a las empresas privadas".


Democratizar la urbe

-¿De qué hablamos cuando decimos derecho a la vivienda?
-Cuando decimos que hay derecho a la vivienda estamos diferenciándonos de lo que es una política discrecional. Tener derecho significa ser titular de algo que puede exigirse y esto es lo que diferencia la simple política de vivienda que todo gobierno tiene, lo que no significa que se respete un derecho, eso ocurre cuando las personas pueden reclamar cuando se incumple.

-¿Qué política tiene este gobierno?
-Frente a la década del `90, en la que no había inversión, este gobierno puso una inversión importante en el sector. Pero creo que el gobierno pensó mucho más en la idea de reactivación industrial, sobre todo en construcción. Y tuvo efectos negativos, porque la gran inversión pública a través de las empresas de construcción generó la suba en el precio de los materiales y una gran dificultad para los procesos de autoconstrucción, en los que la gente es protagonista.

-¿Qué rol cumplen en la definición de estas políticas las personas afectadas?
-En términos macro existen programas para incentivar el sector a través de los privados y también dando dinero a las cooperativas. Ahora, el gobierno le da mucho más a una empresa privada, incluso para pagar el terreno, beneficio que no reciben las cooperativas. Hoy hacer una vivienda en cooperativa es casi imposible, salvo que busquen dinero por otro lado, como el caso del MTL.

Tedeschi se refiere al flamante complejo de viviendas levantado en el barrio porteño de Parque Patricios, construido por el Movimiento Territorial de Liberación (MTL-CTA) y su Cooperativa Emetele, que luego de 30 meses y con la participación de 400 trabajadores que participaron de su construcción, es hoy una realidad.

-Y está el tema de las famosas listas de adjudicatarios...
-El otro gran tema es que los programas se conciben en forma autoritaria, porque la gente no tiene participación en la lista de adjudicatarios, para lo cual habría que tener una lista de prioridades establecidas de antemano por el gobierno y otras consensuadas con las personas. Todos los conflictos que se viven en los últimos tiempos sobre invasión en terrenos o casas tienen que ver con la poca claridad en la lista de adjudicatarios.

-Y en muchas provincias estar en esa lista depende de favores partidarios...
-Obviamente, porque se abre una disputa política cotidiana y se instala la necesidad de acercarse al puntero que manipula el listado. Estas son falencias graves.

-¿A las personas les falta la información para reclamar por este derecho?
-Claro, porque históricamente la relación que construye el Estado es de esta manera. El origen de casi todos los punteros políticos es de compromiso y generosidad con su barrio, pero el Estado le delega funciones que no le corresponden: "Vos hacé la lista"; "vos repartí medicamentos". Y en definitiva les da un poder sin control y crecen con esta práctica y es muy difícil cambiar esta práctica en las comunidades porque la gente se acostumbró a comunicarse con el Estado a través de estas personas.

-¿Hay casos exitosos en Argentina y otros países que podamos aplicar?
-Fuera de Argentina existen. El caso testigo es Brasil que tiene una política urbana que se construye democráticamente. Tiene un Consejo de las Ciudades, una Conferencia Nacional de las Ciudades, donde participan representantes de las organizaciones de base, de los gremios, de los profesionales, de las empresas... todos juntos discuten la política urbana, cuales son las prioridades. Es una discusión que comienza en los municipios y termina siendo nacional.

-Es de imaginar que también participan representantes de las favelas...
-Exacto. Los líderes de las favelas son los más fuertes en las distintas instancias de debate y la mayoría de las discusiones se ganan articulando con la gente de las favelas, generando alianzas entre favelas, organizaciones sociales, algunos municipios y gremios de arquitectos. Hay una participación real y orgánica.

-¿Cómo evalúa el rol de los Institutos de la Vivienda
que dependen de gobiernos provinciales?
-La idea original estaba bien inspirada, se trataba de que estos organismos descentralizarán la política de vivienda, que cada provincia pudiera discutir de acuerdo a su perfil cultural y sus necesidades el perfil de vivienda que necesitaba. Pero los programas actuales pasan por encima de las provincias, son centralizados, inclusive el Plan Federal II va de Nación a los municipios directamente. Y con gran presión, porque los apuran a los intendentes para que se hagan cargo de las construcciones y no se da el espacio social para construir un proyecto con la comunidad del lugar, para que definan qué quieren hacer en sus espacios, conocer de qué viven.
Cuando uno construye un barrio tiene que pensar cómo es la vida de la gente, cómo son sus lazos sociales, su estrategia de supervivencia económica... ¿son cartoneros?, ¿tienen comercios? El plan de vivienda tiene que adecuarse a esas necesidades fomentando el trabajo y la sostenibilidad. De qué vale construir una casa si después la gente vuelve a, por ejemplo, engancharse para tener electricidad, es decir reproduciendo esquemas de vida anteriores porque el proyecto es insustentable. Se construyen o proyectan barrios y se prohíbe colocar comercios ¿Por qué la gente de la Villa no puede tener comercios? O no hay espacio para que quienes cartonean coloquen sus carros y sus papeles. No se piensan esas cosas.

-¿Faltan leyes para proteger este derecho?
-El gran ausente es el tema de regularización de vivienda en Argentina. El 30 por ciento de la población no tiene título de propiedad del lugar donde vive y esta carencia también produce problemas para implementar los planes del Gobierno. El tema quedó fuera de agenda, sumado a la furia inmobiliaria especulativa en Buenos Aires, la disputa por las tierras en Bariloche y Córdoba, por mencionar solo dos ejemplos. En Córdoba fue terrible, hubo un proceso de expulsión de las villas del centro de la ciudad para las afueras, construyendo ghetos a pocos kilómetros del centro para sacar a los pobres del disfrute de lo urbano.

Quedarse sin techo

"Los desalojos son una de las peores violaciones a los derechos humanos -asegura Sebastián Tedeschi-, porque no es sólo sacar la seguridad del hogar, implica además maltrato, muchas veces violatorio de derechos: Se viola el derecho a la vivienda y muchos derechos sucedáneos. La gente empieza a vagar por la calle buscando donde vivir, o se amontonan en condiciones inhumanas, se desarticula su red de contención familiar... Los organismos y documentos internacionales que forman parte de nuestra Constitución consideran al desalojo violatorio de derechos y son justificados en excepcionales circunstancias"

Si bien la Constitucional Nacional ha incorporado todos los pactos internacionales que protegen el derecho a la vivienda, el Congreso no ha legislado para adecuar las leyes a las pautas internacionales y los jueces en raras ocasiones utilizan los argumentos que ofrecen esos pactos.

"Un solo juez -recuerda Tedeschi- aplicó la normativa internacional a la que está acogida Argentina. Fue en 2004, un magistrado de la Ciudad de Buenos Aires que suspendió el desalojo hasta tanto el Gobierno brindara una alternativa habitacional a las familias. El concepto que aplicó tenía que ver con no gastar dinero público de los tribunales y de la policía para hacer nacer una violación de derechos humanos, el dinero público se gasta para satisfacer derecho".

-Volvemos a la ausencia de leyes, está escrito en la Constitución pero falta la norma del Congreso. Las leyes de desalojo que tenemos están pensadas -por la historia de nuestro país- para beneficiar a los dueños.
-Sí, incluso durante el gobierno de Menem se avanzó en la posibilidad de desalojos "express", ya que antes de tener sentencia podían desalojar. Se viola el debido proceso, el derecho a la legítima defensa, es una barbaridad. También se usa denunciar un delito de usurpación y después nunca se prueba si hay culpables, no hay condena judicial, pero se abre un proceso penal que posibilita desalojar a las personas. Se usa al Poder Judicial para violar derechos y el Poder Judicial se deja usar. Miran sólo los Códigos y no la Constitución y los jueces tienen que aplicar todo el Derecho.

-¿Cuál es la postura de su organización en casos de ocupación de tierras o viviendas?
-La Argentina se ha poblado a través de ocupación, la mitad de la tierra de Patagonia, por ocupación militar, entonces el problema es que la legislación civil está pensada desde la inscripción registral. Lo importante es quien está registrado y no se le da importancia a la posesión que es la relación real. Hay cientos de inscriptos como propietarios que jamás usaron esa propiedad y no hay sanción por la no utilización.
Entonces, por un lado la gente tiene derecho a buscar donde vivir, y si bien como organización no apoyamos las ocupaciones, cuando ya se efectivizó y nos piden asesoramiento nosotros les proveemos asistencia jurídica.
El Estado argentino debería proveer instrumentos de regularización. Por ejemplo, en Brasil si una persona vive en un lugar por más de tres años, tiene el derecho a iniciar un proceso de usucapión urbana que es la prescripción para adquirir el dominio.

-¿Y en Argentina?
-Acá existe la prescripción veinteñal, y de diez años con justo título y la ley Pierri que fue reglamentada en algunas provincias que abrevia a tres esa posibilidad pero antes de 1989, pero no se entiende porque hasta esa fecha.

-¿Por dónde empezar a debatir y buscar soluciones para la problemática de las viviendas?
-Por procesos participativos, un ordenamiento que busque áreas de vivienda social. Ahora todo el tiempo hay inversores inmobiliarios que aprietan a la gente para que le vendan sus casas antiguas para construir torres. Qué tipo de casas se construyen, dónde están las áreas de interés social, identificar los inmuebles especulativos y sancionarlos fiscalmente, porque habiendo crisis habitacional no puede haber gente que haga negocios con la vivienda. No puede ser que el mejor negocio en Argentina sea la construcción o el alquiler de vivienda, cuando estamos en un tremendo déficit habitacional. El mejor negocio es uno de los principales problemas".

Qué hace COHRE

-¿Qué trabajo realiza COHRE?
-Toda actividad que incluya luchar por que se cumpla el derecho a la vivienda, la lucha contra los desalojos, temas de patrimonio y vivienda, y el derecho a la vivienda de las mujeres, éste último se comienza a implementar este año en Argentina. También brindamos estrategias para denunciar y reclamar ante la violación de derechos a nivel nacional e internacional.

-Hicieron un trabajo en conjunto con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) muy completo sobre Argentina.
-Sí, trabajamos con aliados según los temas, la investigación con CELS es del 2004 (ver documento completo en PDF) y ahora compartimos el trabajo en Villa La Cava.

Para este año COHRE maneja dos agendas en el país, una indígena que implica acompañar el proceso de las comunidades de la Puna, en Jujuy, en su lucha por la titulación de los territorios colectivos. Los asesoramos en estrategias jurídicas ya que están transitando un lento periodo judicial y trabajamos con la red Warmi que integran distintas organizaciones. Y la agenda urbana que incluye todo el país y junto a distintas organizaciones impulsamos La Declaración por la Reforma Urbana, donde promovemos temas como una ley marco de vivienda, programas de regularización de asentamientos informales basados en derechos, reformas al Código Procesal Civil y Penal en relación a desalojos para que responda a los estándares de derechos humanos, entre otros puntos.

-¿Cómo es en la práctica el trabajo del Centro?
-Generando y participando de una discusión pública donde estén los sectores del Estado y la sociedad civil para promover la participación de las personas afectadas en la política de vivienda, porque en general se escribe desde arriba, por lo tanto se trata de democratizar.

Sobre COHRE- www.cohre.org
El Centro por el Derecho a la Vivienda contra Desalojos (COHRE) fue creado en 1994 como una organización no gubernamental internacional e independiente. La ONG está comprometida en asegurar el pleno gozo de los derechos económicos, sociales y culturales para todos y en todo lugar, con un enfoque particular en el derecho a la vivienda adecuada. Además, está reconocida como organización con estatus consultivo ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En la Ciudad de Buenos Aires

-¿Hay un plan para definir qué hacer con las villas?
-No hay un plan, si bien hubo intentos institucionales. La Constitución de 1996 de la Ciudad de Buenos Aires habla en el artículo 31 de derechos. Luego la ley 148 que plantea un plan de regularización de las villas que nunca se implementó.

-¿Por qué?
-Mi impresión es que se privilegió una relación clientelista. Se avanzó en barrios como Villa 21 y 24, la del Bajo Flores, porque no había disputas territoriales con inversores, pero en Villa 31, con 70 años de historia, no se avanzó debido a que hay proyectos de desarrollo inmobiliario en Puerto Madero II. Se pretende transformar el puerto de cargas en un puerto para embarcaciones de lujo, se quieren mover las vías, hacer una bajada para la autopista para que quienes tengan mejores recursos económicos puedan llegar más rápido al centro... entonces la situación es muy clara y encima se echan culpas entre el gobierno local y nacional para enfriar la situación y extender la resolución del tema, hasta que en algún momento alguien se anime y desaloje a la gente.

Según un informe presentado por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, en los asentamientos de emergencia viven unas 12 mil personas, que sumadas a los habitantes que residen en las villas conforman un núcleo de unos 150 mil personas marginadas.

-En el informe que mencionaba antes y que hicieron junto al CELS se habla de 120 mil personas sin techo en Ciudad de Buenos Aires y 100 viviendas desocupadas. ¿Saben si esas cifras se mantienen?
-Es peor, a pesar de que no tenemos cifras nuevas aún, porque al ver los precios del mercado inmobiliario uno deduce que se profundiza la crisis del sector. Además, se construye cada vez más para alquilar a extranjeros; se hacen casas para millonarios, es decir se construye para ricos, pero no hay tantos para la cantidad de construcciones que se hacen. Y no se construye para la clase media.

+[INFO]:
-COHRE
www.cohre.org
-Desalojo Cero
http://es.habitants.org/article/archive/460/
-Centro de estudios Urbanos y Regionales (CEUR) - Buenos Aires
www.cea.uba.ar/CEUR/pagina-oficial-CEUR/index.html
-Asociación Civil CANOA - Santa Fe
www.canoa.org.ar
-Centro Experimental de la Vivienda Económica (CEVE) - Córdoba
www.ceve.org.ar
-Un techo para mi país
www.untechoparamipais.org.ar
-Fundación pro vivienda social
http://www.fpvs.org/home.php
-ACORN, Asociación de Organizaciones Comunitarias Para La Reforma Ahora
http://acorn.org/index.php?id=10599&L=1&10599=
-Fundación Sagrada Familia
www.sagradafamilia.org.ar
-Un techo para mi hermano- Río Negro
www.untecho.org.ar
-Fondo Nacional de la Vivienda
http://www.vivienda.gov.ar/prog_fonavi_respon.htm
-Universidad Nacional de General Sarmiento
http://www.ungs.edu.ar/publicaciones/resumen/res_lu8.html

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(*) Periodismo Social (http://www.periodismosocial.org.ar/) es una iniciativa fundada en 2000 por
Alicia Cytrynblum, periodista especializada en temas sociales. PS colabora con los periodistas para facilitar un abordaje más equitativo del sector social en los medios de comunicación con el objetivo de mejorar el diálogo entre ambos actores.

Fuente:
Periodismo Social (marzo de 2007)
http://www.periodismosocial.org.ar/
Imágenes:
http://www.imaengine.com/
http://www.creaurban.com.ar/
http://www.jauregui.arq.br/

© MV Prensa / Abril de 2007