Todo comenzó con un número, como siempre sucede. La cifra oficial de inflación que se dio a conocer el lunes 5 de febrero pasado en el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) reflejaba un tímido 1,1 por ciento correspondiente a enero de 2007, mientras que la realidad habló con claridad -y más números- del doble de crecimiento del índice de precios al consumidor; además de las irregularidades en los llamados a concurso, las violaciones a las normas metodológicas internas y las presiones a los trabajadores para que no cumplan con idoneidad sus funciones.

Entre la intención del gobierno del presidente Néstor Kirchner y la contundencia de los datos que a diario se encargan de recabar y procesar los técnicos de economía hubo, por lo menos, una notoria diferencia de apreciación. No se trató de variables rebeldes, percepciones dispares o de la identificación de alguna situación nacional actual que pudiera devenir en crisis. Lo que hubo detrás de este evidente debilitamiento institucional organizado es el mismo grupo político que no desea números molestos ni personas que piensen diferente a la voz patagónica. Y los deseos en las más altas esferas del poder, son órdenes entre los trabajadores que no pueden prescindir de sus únicas fuentes laborales.

Luego de que el subsecretario de Programación Económica, Martín Abeles, aduciendo falta de colaboración, pidiera la renuncia a los directores de Programación Económica, José Luis Maia; de Información y Coyuntura, Carlos Quarracino; de Programación Regional, Carlos Izurieta y de Información y Análisis Regional, Horacio Feinstein (Información y Análisis Regional), el ministerio de Economía perdió su condición de ser uno de los pocos organismos públicos que quedaba con staff técnico permanente de profesionales respetados y que hacían carrera dentro del estado.

Los argumentos en favor de la decisión política eran que los puestos de los directores, designados por concurso, estaban vencidos y que la medida de la administración K de no renovar por decreto sus mandatos respondía a una necesidad de reemplazar a los funcionarios por gente 'más del palo' kirchnerista. Pero los ministerios tienen sus reglas.

Los concursos para renovar los cargos ya estaban designados. Los jurados eran conocidos académicos de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y de la de La Plata: José Fanelli, Roberto Frenkel, Hildegart Ahumada y Daniel Heymann.

El mecanismo de los concursos requiere que el jurado puntee a cada candidato y eleve a los tres mejores calificados, para que luego el funcionario político pueda elegir a discreción al candidato que más se adecue a sus necesidades. El problema para hacer las cosas como lo dicta la ley es que no tenían personas 'del palo' con los suficientes requisitos para llegar a ser ternada, por lo que el jurado, a falta de gente competente, no se vería en la obligación de elevar una terna para que designase un reemplazante. El temor oficial era que los directores con los puestos vencidos se volviesen a presentar a concurso y ganasen por falta de competencia, como prácticamente seguro pasaría.

El clima por la decisión política generó en el Ministerio y en la Secretaría de Política Económica una inestabilidad laboral de hecho entre los directores aún en sus cargos, los técnicos contratados y el personal de planta transitoria, cuyos cargos son pasibles de ser renovados cada año, pero que por razones completamente ajenas a sus verdaderas funciones y capacidades peligran si aunque sea por error publican datos que el gobierno preferiría omitir.

En dicho marco de trabajo insalubre, la por entonces directora del Índice de Precios de Consumo (IPC), Graciela Bevacqua, es desplazada de sus funciones por negarse a compartir la lista de los comercios donde se realiza la encuesta que permite medir la inflación. El único objetivo por el que el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, requería violar la ley del "Secreto Estadístico" era para 'convencer' uno a uno a los comercios encuestados de que no suban los precios. Logrado esto no resultaría necesario un control de tarifas, porque aunque subieran todos los precios en la economía, el índice IPC permanecería acorde a las expectativas del controlador de precios que ya habría arreglado los valores de los lugares dónde se medía.

En plena disputa interna, se presenta el desplazamiento de Bevacqua como una decisión de la ministra de Economía, Felisa Miceli, pero es Moreno quien lo decidió y arma una operación de prensa y desprestigio de la sumisa funcionaria kirchnerista. Beatriz Paglieri, reemplazante de Bevacqua, apenas asume solicita a la gente del Indec la lista de los comercios, y les ordena algunos cambios metodológicos en la rutina de trabajo.

Mas, la ex superior de Bevacqua, Clyde Trabuchi, ordenó a los trabajadores no brindar nada de información confidencial a Paglieri y seguir operando como hasta antes del cambio. Por presiones políticas y oposición ideológica a la metodología impuesta por Moreno, Trabuchi pide licencia, mientras que Paglieri, acompañada de personal policial, consigue el acceso a las fuentes de información y procedimientos del Indec.

Entre las irregularidades que luego fueron de dominio público, el caso de Turismo incluyó un cambio metodológico arbitrario e incorrecto. En vez de tomar la muestra de la encuesta como referencial, se publicaron los valores de los precios acordados por Moreno con los representantes de la Cámara de Turismo, más allá de que éstos se cumpliesen o no. Por otra parte, se publicó que Alimentos y Bebidas subió un 1,9 por ciento, mientras que la canasta básica alimentaria (con la que se determina la línea de indigencia) subió 2,6 por ciento. No es para nada común que difieran tanto, puesto que miden cosas muy parecidas. La demora en publicar el dato final de la canasta básica alimentaria es otro indicio sospechoso. El índice debía haberse publicado el miércoles 7 de febrero a las 16, y se publicó un día después, algo que nunca sucede.

Entre aprietes a los funcionarios públicos que dejan de ser funcionales, y amenazas a los responsables de las distintas tareas técnicas de cada área, el respeto laboral y la credibilidad de una institución que siempre supo trabajar con idoneidad ya es cosa del pasado. No se trata de ética sino de valores tan variables como las necesidades del poder de turno, que en este caso -nada excepcional- se vuelve a parecer demasiado a la Cosa Nostra.

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(*) Tomás Vela (tomasvela@mvprensa.com.ar) es periodista y fotógrafo.
Fundó y dirige MV Prensa desde abril de 2004.

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© MV Prensa / Febrero de 2007