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PAÍS |
Lucha
democrática
contra la inseguridad
Por Ulises Muschietti* (publicado
en BAE el 30.11.2007)
El reclamo de seguridad, profundamente democrático,
procura que el Estado garantice a todos los habitantes
del país la posibilidad de vivir sin amenazas
contra su integridad física y contra sus bienes
personales. Lo que no es democrático, como puntualizó
más de una vez el diputado socialista Jorge Rivas,
hoy vicejefe de Gabinete, es la explotación de
ese reclamo por parte de los paladines de la mano dura,
del meter bala a los delincuentes, del castigo a mansalva.
Rivas,
como se sabe, se repone en una clínica del daño
físico que sufrió durante la madrugada
del martes 13, cuando fue asaltado y golpeado muy cerca
de su casa, en Lomas de Zamora. Ni del círculo
de sus allegados ni de la multitud de dirigentes políticos
y sociales que han expresado su solidaridad con él
se ha levantado ninguna voz que discrepara con esa interpretación.
Desde
la vereda ideológica opuesta, el jefe de Gobierno
electo de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri,
intentó en cambio aprovechar la desdichada circunstancia
para fustigar la presunta ineptitud del Gobierno nacional
en la materia.
Más
allá de lo que opine Macri sobre el presente,
resulta difícil identificar en la historia del
país una época en que la vida de las personas
y sus bienes en el sentido más amplio estuvieran
tan indefensos como durante los años de la última
dictadura militar. En ese período no se trataba
ya de que el Estado no fuera capaz de garantizar la
seguridad, sino de que la amenaza de la privación
ilegítima de la libertad, de la tortura y de
la muerte procedía de ese mismo Estado.
Pasaron
muchos años desde que se recuperaron las instituciones
de la República en 1983, en que los responsables
de los crímenes de la represión disfrutaron
de una impunidad obtenida mediante la coacción
y otras artes perversas. La expresión más
acabada de esa aberración fueron las leyes de
Punto Final y Obediencia Debida. Contra ellas militaron
activamente, a lo largo de dos décadas, los sectores
más genuinamente democráticos de la sociedad
argentina.
Esa
legislación, finalmente, resultó anulada
durante la gestión de Néstor Kirchner,
lo que hizo posible la reapertura de los juicios contra
los agentes del terrorismo de Estado. Sobran las pruebas
de que en conjunto ellos mantenían, y tal vez
aún mantengan, la capacidad de golpear. El caso
de la desaparición de Julio López, testigo
de cargo contra el ex comisario Miguel Etchecolatz,
sólo ha sido la más dramática de
ellas.
Parece
claro, por otra parte, que el Estado adeuda a la población
las reformas que permitan esperar una reducción
visible de la inseguridad: la de los procedimientos
judiciales, la de las fuerzas policiales -de modo que
puedan ejercer una eficaz tarea de prevención-
y por supuesto las que sean capaces de revertir definitivamente
las condiciones que condenan a importantes sectores
de la sociedad a la marginalidad y al abandono.
No
todos piensan así. Luis Patti, un antiguo oficial
de la policía bonaerense que actuó en
los tiempos de la represión ilegal, y que no
se privó en los últimos años de
explotar el democrático reclamo de seguridad
con la promesa de mano dura y castigo a mansalva, declaró
a la prensa en octubre pasado: "Si creen que con
contención social, dando comida, van a arreglar
la seguridad, se equivocan. Lo que tiene que hacer cualquier
gobernador es volver a reconstruir la policía,
verticalista, militarizada, disciplinada". Ahora,
Patti ha quedado detenido en el marco de la causa en
la que se lo procesa por el secuestro y asesinato de
tres personas.
Aunque
a sus seguidores y a Macri les resulte paradójico,
ése es sin duda un avance en la democrática
lucha contra la inseguridad.
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(*) Ulises Muschietti (umuschietti@mvprensa.com.ar)
es historiador, periodista y profesor.
Participa en MV Prensa desde agosto de 2006
Fuente:
Publicado en Bae, Ejes de la Comunicación (30.11.07)
http://www.ejes.com/
Imagen:
http://www.earchivo.mendoza.gov.ar/
©
MV Prensa / Diciembre de 2007
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